La ultraderechista Milei ha dado impulso al premio para promotores de la protesta social hasta por seis años

El ultraderechista Javier Milei envió a estos miércoles en el Congreso un proyecto de ley que declara al país en “emergencia pública” e incluye 664 artículos que cambian fundamentalmente buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. Allá ley ómnibus, como si lo llamaran por su extensión y variedad de temas, supone la transferencia al poder ejecutivo de facultades legislativas ampliadas en temas económicos, financieros, de previsión, fiscales, de salud y hasta electorales. El proyecto, que será tratado en sesiones extraordinarias del Congreso, incluye también la resistencia a las sanciones contra la protesta social. Milei exige que cualquier “congregación intencional y temporal de tres o más personas” sea considerada una manifestación sancionable con hasta seis años de prisión si impide el libre tránsito o la prestación de servicios públicos.

El texto enviado al Congreso, la iniciativa política más contundente de Milei desde que asumió el poder en Argentina, a principios de este mes, advierte que cualquier manifestación deberá ser notificada con antelación y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse o proponer cambios. Además, los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las reuniones para facilitar su identificación en caso de sanciones penales. El proyecto de ley sobre el protocolo antiprotestas fue firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante dos semanas.

Al proyecto de ley remitido i miércoles se sumaron otras acciones previas que incrementaron el descontento social durante las primeras tres semanas en la Casa Rosada. Primero, fue el Decálogo de medidas económicas anunciado por el Ministro de Economía, Luis Caputo, que devaluó la moneda en un 50% y anunció la eliminación de subsidios al transporte y a la energía de la economía sumergida, entre otras medidas. Esta semana, el Gobierno también canceló los contratos de menos de 5.000 empleados estatales, además de firmar un decreto con cientos de reformas que, tras la conferencia del Consejo Ejecutivo, ya no necesita pasar por el Congreso.

En la lista de reformas que propone el proyecto legislativo, pomposamente llamado «Ley sobre fundamentos y puntos de partida de la libertad de los argentinos», está la facultad del poder ejecutivo de privatizar el medio centenario de las empresas públicas, el fin de las elecciones primarias. de los partidos y una reestructuración de la Cámara de Representantes que facilitará la suma parlamentaria de segundas y terceras fuerzas electorales, como lo es actualmente el partido de gobierno, La Libertad Avanza. La ley, de aprobarse, interviene en todo tipo de cuestiones. Las universidades públicas gratuitas, por ejemplo, podrán llegar a estudiantes extranjeros en su educación; si además promocionas un blanqueo a las grandes fortunas que llevan años evadiendo impuestos.

La propuesta de Milei declaró al país en situación de «emergencia pública» hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, esto podría extenderse por otros dos años, lo que le quitaría todo el mandato al presidente. Se trata de una situación de supuesta emergencia pública en la que el gobierno puede asumir competencias correspondientes al poder legislativo. La Constitución argentina impide este traspaso de competencias “salvo en las materias que determine la administración o la emergencia pública, con lugar establecido para su administración y dentro de las bases de delegación que establezca el Congreso”.

Llamado a huelga

La Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las principales centrales sindicales del país, se reúnen con estos jóvenes para evaluar los próximos pasos frente a las reformas del ultraderechista. La CGT anunció después de la Edad Media una oleada para el 24 de enero. Ese día tendrás que probar el protocolo de control de protestas implementado para prohibir las convocatorias. Ya lo hizo este miércoles cuando más de 20.000 personas, según los organizadores, protagonizaron la primera manifestación de fuerza de los sindicatos. Era inevitable que los asistentes rompieran el piso por la magnitud de la convocatoria y la movilización que estaba en tensión.

“Puné la fecha! ¡Poné la fecha!”, se escuchó mientras se concentraba en este milagro. La necesidad se dirigió a las obreras centrales, a los que protestaron que afirmaron que convocaron a una general. Los sindicatos han ido “entendiendo el termómetro”, según señalan las organizaciones a este periódico, y definiendo sus estrategias con prudencia. Rodolfo Aguiar, secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, que integra la CTA, valoró antes del anuncio del discurso general que “las condiciones para un color están configuradas”.

“Los trabajadores esperamos que sus representantes sean capaces de unir fuerzas y esperamos que los dirigentes centrales estén a la altura de las circunstancias”, en cambio Aguiar, quien informó a EL PAÍS que “el tiempo corre a favor de Milei” debido al decreto de necesidad de urgencia impuesta por el ultraderechista entra en vigor en el mundo. El paquete de reformas puede verse retrasado en el Congreso o en los tribunales, pero mientras eso no suceda, los medicamentos serán leyes. Ademas, la leyomnibus comenzará a ser tratado por el Congreso en sesiones extraordinarias.

Para fiestas y movimientos, la hoja de un solo tono era afilada. El miércoles apoyó la manifestación, pero desde otro lugar de la plaza, en una columna independiente. “Reivindiquemos la palabra nacional y el plan de juego, que es el que corresponde a la gravedad de la situación”, aseguró durante la concentración Eduardo Bellibini, director del Polo Obrero. Para Guillermo Kane, legislador y líder del Partido Obrero, la marcha ya no fue «simbólica». “Necesitamos una acción profunda”, exigió el político. “La CGT, que no ha tenido voz en cuatro años, no está desempeñando un papel de defensa activa de los trabajadores”, afirmó el legislador.

Varias organizaciones, movimientos y partidos políticos han advertido cómo se movilizarían antes de considerar una “disponibilidad” de sus derechos. No sólo en las calles. En las últimas semanas, distintos sectores -vecinos organizados y autoconvocados- han celebrado asambleas en todo el país, cacerolazos y ollas populares para ofrecer alimentos a las personas necesitadas. El gobierno de ultraderecha tiene que hacer frente a una larga duración de movilizaciones y resistencias, pero también se muestra confiado en la respuesta que les dieron las urnas.

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